Falsificación de documentos: ¿un mal necesario?

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por Alma López
con colaboraciones de Héctor Sermeño (Nueva York)
y Juan Rosales (Houston, Texas)

“Varios se me acercaron para ofrecérmelos, al  final se los compré a un hombre que me llevó  a un local comercial, donde tenían un improvisado estudio fotográfico, me tomaron las fotos y después me dijeron que regresara a traerlos en dos horas”, relata Ingrid que vive desde hace dos años en la ciudad de Reseda, California, Estados Unidos.

“Tuve que hacerlo porque no encontraba trabajo. En todos los lugares me pedían  papeles ya fueran buenos o ‘chuecos’. Tenía que pagar los siete mil dólares que gasté para que los coyotes me trajeran acá,  y enviarle dinero a mis tres hijos”, detalla la indocumentada de 22 años.

El relato de la salvadoreña Ingrid revela que tener números de seguro social y de residente permanente, sin importar que sean falsos, son un requisito para los cientos de inmigrantes que quieren trabajar en Estados Unidos.

Ella los compró en el MacArthur Park de Los Angeles, California,  identificado por cientos de inmigrantes como el lugar donde pueden obtener los ansiados “papeles”.

En las calles aledañas a este parque es común que hombres y mujeres con rasgos hispanoamericanos digan sin ningún temor: “Quiere  la mica, la green card o el seguro social”.

A unos cuántos kilómetros de allí, en una calle de la ciudad de Van Nuys, la situación se repite. Como paradoja,  los falsificadores ofrecen sus servicios  a unos tres metros del edificio donde el gobierno estadounidense otorga el seguro social a los residentes legales y ciudadanos.

Se percibe como amenaza a la seguridad

Algunos sectores de la sociedad estadounidense consideran que el uso de documentación falsa representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, porque no se tiene una identificación certera de al menos 11.1 millones de indocumentados.

En diversas ocasiones  han señalado que en esta población pueden estar ocultos terroristas y delincuentes. Quienes se podrían mover con una identidad falsa, en total libertad, en territorio estadounidense.

Aunque es lamentable este punto de vista, el temor no es del todo infundado. Los pandilleros de El Salvador huyen a Estados Unidos, donde han ingresado varias veces y vivido por años de forma clandestina.

Sólo luego de las capturas, es que las autoridades  conocieron la verdadera identidad de esos “indocumentados” y la lista de hechos delictivos que tenían en El Salvador.

Un ejemplo es Elmer F. Hernández Ayala, de 29 años, miembro de la pandilla 18, arrestado en 2009 en Los Angeles, California. Ayala volvió a reingresar de forma ilegal a Estados Unidos luego de ser deportado en marzo de 2004.

Otro caso similar es el de J. C. Alegría Henríquez, quien vivió durante 11 años en el condado angelino hasta que fue expulsado de Estados Unidos. Las autoridades lo deportaron en cuatro ocasiones por ingresar al país ilegalmente.

Después de sus capturas, ambos pandilleros fueron condenados por las leyes salvadoreñas y guardan prisión en centros penitenciarios de El Salvador.

Pero ese temor no debería ser exacerbado. Para Jorge Mario Cabrera, director de relaciones públicas de CHIRLA (Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes), la mayoría de los indocumentados han obtenido documentos falsos con el único objetivo  de trabajar para poder subsistir.
“En muy rara ocasión, un inmigrante no autorizado utiliza documentos falsos para hacer daño a Estados Unidos o a la persona a quien pertenecen esos documentos”, agrega el activista.
“No cabe duda que una reforma migratoria sería la única solución factible para darle fin a la compra y venta de documentos falsos.  La comunidad inmigrante no quiere estar incurriendo en actividades negativas al menos que sea absolutamente necesario”, finaliza.

Mario Matute, presidente del Comité Político Latino de California, coincide con Cabrera al afirmar que mientras no se dé una reforma migratoria el problema se acrecentará. Aunque,  aclara,  el negocio ilícito continuará porque siempre están llegando nuevos inmigrantes.

Se las ingenian

Después de los ataques a los torres gemelas de New York en septiembre de 2001, el gobierno implementó una serie de medidas para combatir la inmigración ilegal.  Se incrementó el presupuesto para la protección de las fronteras y comenzaron a aplicar de manera más rigurosa las leyes de inmigración.

A la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)  se le otorgó  permiso para efectuar detenciones por tiempo indefinido. La agencia comenzó a realizar con mayor frecuencia operativos en las empresas en busca de indocumentados. Como resultado, las capturas se incrementaron y se aceleraron las expulsiones de los que estaban  en proceso de deportación.

Las estadísticas reflejan un aumento de las deportaciones en los últimos nueve años. Por ejemplo en 2008, la ICE deportó a 369,221 inmigrantes que no tenían documentos, un 20 por ciento más que en 2007. La tónica no cambió para el año 2009, cuando  las autoridades deportaron a 387,790 personas. En lo que va de 2010, el número ya superó los 400,000.

También se incrementaron los operativos para desarticular bandas de falsificadores. Debido a esto, algunos de ellos comenzaron a ser cautelosos porque la legislación estadounidense establece como delito penal el uso y la falsificación de documentos falsos.

En Nueva York  antes de los atentados del 11 septiembre,  los falsificadores de documentos se encontraban en cualquier esquina de los barrios hispanos. Ahora se anuncian discretamente en las calles más concurridas con pequeña tarjetas, las mismas con que promueven la prostitución.

En otros sectores neoyorquinos  como Queens, los vendedores tienen locales y funcionan con la fachada de cualquier otro negocio, una estrategia similar a la que utilizan en Los Angeles.

En Houston, Texas, en los últimos meses las autoridades persiguen con mayor fuerza  a los falsificadores de documentos. Han capturado y desarticulado bandas.

Debido a una mayor vigilancia los falseadores han disminuido sus actividades y  son más precavidos. En lugares donde antes se movían con absoluta libertad como en las calles 59 Norte y 45 Norte ya no se dejan ver fácilmente. Las “Pulgas”, como les llama a los locales donde los venden, son cada vez menos.

Sin embargo, algunos continúan con su negocio ilícito. Los transeúntes entran a una calle, y en unos segundos estos intrépidos les ofrecen los documentos. Se olvidan que hay en la zona agentes encubiertos que ni son blancos ni tienen pelo rubio.
Las cosas son diferentes en  Washington. En la calle Columbia Pike,  famosa porque en cualquier lugar los comercializan,  los falsificadores se cambian de ropa  varias veces al día para despistar en el caso que se lleve a cabo un operativo.

La venta de documentos falsos es una práctica común a lo largo y ancho del  territorio estadounidense. Los vendedores pertenecen a redes bien organizadas. Les bastan dos o tres horas para que pongan en las manos de un inmigrante ilegal una tarjeta de residencia o seguro social.

La mayoría de ellos operan de la siguiente manera: un miembro de la red ofrece los documentos por las calles; una vez que el inmigrante los acepta éste lo lleva con otro miembro para sacar las fotografías en lugares que funcionan con la fachada de cualquier negocio legalmente establecido.

Estos grupos están enterados de los cambios que puedan haberse operado en los documentos originales para asegurarse que sus productos sean lo más parecido posible. A simple vista, los que usa Ingrid parecen idénticos a los auténticos.

Los ingresos monetarios por las ventas  de documentos falsos representarían un ingreso nada despreciable para quienes se dedican a ello, si se considera que los comercializan a 50, 60 y 80 dólares y  son 11.1 millones de inmigrantes ilegales, de los cuales un considerable porcentaje los ha tenido que comprar para trabajar.

Tampoco se debe olvidar que los indocumentados los compran  de nuevo, porque “los actualizan” ya que tienen fecha de vencimiento como si fueran originales, y en otros casos porque los extraviaron o están dañados por el uso.

A esta cifra de clientes hay que sumar los que llegan cada día a territorio estadounidense en busca del sueño americano y que son potenciales compradores.

Alma Lopez

Alma López. Periodista salvadoreña que ha trabajado en diversos medios impresos de El Salvador, Centroamérica. Por doceaños escribió para las secciones de turismo, informática y economía.

Laboró como coordinadora editorial del sitio web del periódicoEl Diario de Hoy de El Salvador.

Ha sido consultora en las áreas web y editorial para diversas entidades de gobierno y organismos centroamericanos.

Se ha desempeñado como traductora para proyectosde revistas estadounidensesespecializadas en informática. Tiene una licenciatura en Periodismo de la Universidad de El Salvador. En esta institución fue profesora auxiliar en las asignaturas de redacción para medio impreso y periodismo económico.
Ha realizado cursos en redes, diseño y programación web en institutos tecnológicos de España y El Salvador.

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5 Comments

  1. En mi trabajo hay 3 con documentos falsos de Honduras,y son las que peor ambiente le hacen ala gente no ven en la situación que están .uno debe hacer las cosas correctas ellas dicen que tienen su buena casa en su país y carros …pero aquí lo que vienen es a llenarse de hijos que el gobierno los mantengan …..y a que los norteamericanos cojan odio hacia todos los latinos por hacer cosas ilegales

  2. El raziocinio de los que usan documentos falsos es el mismo de los que fascifican dinero. En ambos caso, es un delito. Si una persona no tiene documentos, es porque no tiene derecho de estar en el pais y trabajar. No hay escusas.
    Que sucedera despues? Acudiran a la pirateria de peliculas?
    La policia deberia arrestar a quienes venden documentos falsos en McArthur park. Pero no lo hace porque esta igual de corrupta.

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