Reforma migratoria y ‘los ilegales’

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Niños de trabajadores migrantes en California / Foto: Dorothea Lange, 1935 (Fuente:Wikimedia Commons)

“Si yo hubiera tenido la opción de no emigrar hubiese preferido quedarme en mi pueblo, al lado de mis padres”, dijo Rosa, una campesina originaria del sur de México y residente del área de Fresno, en California. “Igual que muchos otros jóvenes de mi pueblo, ni bien estamos en edad  salimos en busca de trabajo; primero a los estados del norte de México y después, algunos de nosotras, seguimos a los campos de California”.

Este es uno de los tantos testimonios que escucho permanentemente de inmigrantes residentes del Valle [Central de California] como parte de mis responsabilidades al frente de los programas de Migración  y Movilidad Humana del Comité de Servicios de los Amigos Americanos (AFSC) en esta zona.

Y nos dicen que migrar no es una elección, es una necesidad.

Migrar para trabajar, sea dentro o fuera de los límites de un país, es parte de una situación socioeconómica que prevalece desde hace siglos  y que provee mano de obra barata, algo imprescindible para el desarrollo económico de ciertas áreas. Este fenómeno es común en muchos paises y ha sido ampliamente estudiado.

En el Valle Central de California la industria agrícola ha dependido, desde sus inicios, de mano de obra barata –de inmigrantes legales o no. La legislación referente al empleo de  esta mano de obra ha sido determinada por intereses políticos y económicos.

No hay que olvidar  que en este país, precisamente, el gran desarrollo económico fue impulsado por inmigrantes chinos, irlandeses, armenios, filipinos, italianos, mexicanos y muchos más, que contribuyeron también a la formación de ciudades, fortunas individuales y lujos del cual no disponen. Es decir: si se quiere buscar soluciones al tema de la inmigración, no podemos limitarnos solamente a cuestiones legislativas.

A los trabajadores inmigrantes siempre se les adjudicaron etiquetas despreciativas. Hasta los años 80 del siglo pasado se les llamaba “wetbacks”. Hoy predomina el término “ilegales”.

Si catalogamos a los trabajadores de ilegales ¿por qué entonces no se utiliza el termino “empleadores ilegales” para quienes los contratan? Esta es una prueba obvia de la discriminación anti-inmigrante.

La insistencia en usar el termino “ilegal” bajo la justificación de “llamar las cosas por su nombre” o “porque entraron ilegalmente al país” no ha logrado más que deshumanizar a los inmigrantes,  poniéndolos en categoría de criminales y violadores intencionales de la ley.

El uso constante de la palabra “ilegal” por parte de algunos medios de comunicación, instituciones que abogan por una inmigración limitada y políticos que responden a los sectores más conservadores, al referirse a los inmigrantes sin papeles, no ha logrado más que reforzar la percepción negativa de éstos, agudizar el sentimiento anti-inmigrante, aumentar las tensiones sociales y dividir comunidades que parecen cada día más lejos de llegar a un acuerdo.

Esta polarización política ha paralizado la reparación legislativa de la migración, prolongando aún más sus problemas. Poner a los trabajadores inmigrantes y sus familias en la categoría de ilegales solamente ha contribuido a la justificación de la violación y negación de sus derechos humanos y laborales más básicos, como salud o educación. En resumen, es una justificación para su marginación social y cultural.

Bajo la excusa de esta “ilegalidad” observamos una complacencia social que justifica la creación de leyes y sistemas de aplicación de las mismas con consecuencias devastadores no solamente para las familias de los inmigrantes sino para comunidades enteras.

Y digamos, además, que enfocarse en este aspecto ayuda a distraer la atención de las razones de la migración (la economía que necesita de esta mano de obra) y mantiene comportamientos discriminatorios y racistas contra estos trabajadores.

Repetidamente se menciona que estos trabajadores son quienes cosechan las frutas y verduras que llegan a nuestras mesas, limpian nuestras casas y cuidan a  nuestros niños. Estos inmigrantes son esto y mucho más: son seres humanos que aspiran a tener una voz política, personas que están enriqueciendo la cultura de nuestras comunidades, que se educan –muchos hablan dos o tres idiomas– conocen su oficio y tienen una sólida ética laboral.

Las únicas variables posibles en el debate sobre la migración son la legislación, el sentimiento vigente en la opinión publica y el discurso político.  Y la única constante son las condiciones y demandas económicas que atrae esa mano de obra inmigrante, muy barata gracias, precisamente, a su estatus de “illegal”.

Históricamente, la inmigración a Estados Unidos se ha regido por leyes; éstas a su vez han cambiado de acuerdo con las reglas económicas del momento y los intereses temporales. Un ejemplo es el llamado Programa Bracero (1946-1964): se lo aprobó rápidamente para traer trabajadores mexicanos cuando se los necesitaba desesperadamente, en la posguerra, y cuando se terminó esa demanda, se canceló el programa.

Los legisladores conocen el funcionamiento y los intereses del sistema del que son parte. Negar una reforma migratoria significa reconocer no solo el nivel de contradicciones e intereses encontrados en el poder, sino también la incapacidad de superarlos: queremos el trabajo de los inmigrantes pero no queremos que se queden aquí ni que se reproduzcan y mucho menos que tengan poder politico y sindical. No queremos que sean “legales” porque entonces ya no trabajarán en los empleos más sucios y peor pagados y porque entonces nos hablarán de igual a igual.

Pero la situación actual es insostenible. El fenómeno de la migración requiere urgentemente buscar soluciones más permanentes que no se darán solamente con cambios legales y vaivenes políticos. Es tiempo ya de abordar este fenómeno desde un lente económico y de derechos humanos.

Myrna Martinez Nateras

Myrna Martínez Nateras es directora del Instituto Pan Valley del Comité de Servicio de los Amigos Americanos de Fresno, California. //
Myrna Martinez Nateras of the American Friends Service Committee (AFSC) founded the Pan Valley Institute (PVI), a popular education center which provides a learning and gathering space for immigrants - Mexican, indigenous Mexican and Southeast Asian - as they strive to participate in the civic, economic and political life of the Valley. Participants focus on women's, youth, family separation and generational conflict issues; cross-cultural relations; and worker and human rights. Myrna also directs the AFSC's Proyecto Campesino in Visalia and Proyecto Voz in Stockton.

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