El aborto en México: ¿quién decide?

“Con más represión y con más Código Penal no conseguiremos menos abortos, sino más sufrimiento. Y con menos educación y menos acceso a métodos anticonceptivos no conseguiremos abstinencia y castidad, sino más riesgo y más embarazos no deseados”.

Carmen Montón, Diputada
del Partido Socialista Obrero Español

El 17 de diciembre,  el Congreso español aprobó la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE, por sus siglas), que establece los 16 años como mayoría de edad para decidir el aborto, extiende el plazo legal para efectuarlo hasta las 14 semanas de gestación y pone en manos del estado la obligación de otorgar servicios médicos gratuitos a quien requiera la interrupción de su embarazo.

Las ciudadanas españolas y organizaciones por los derechos de la mujer celebran el gran triunfo democrático del derecho a decidir. Al mismo tiempo, en México un grupo de ciudadanos se unen para apelar ante el Ombudsman Raúl Plascencia. Le solicitan que promueva una acción de inconstitucionalidad contra reformas aprobadas en 17 estados y que penalizan el aborto con cárcel a quien  lo practique. Por añadidura, lo consideran un “crimen” desde el momento mismo de la concepción. Para ello, y apelando a la inmediatez y alcance de redes sociales como Twitter y Facebook, este grupo lanza  una iniciativa para recoger el mayor número de firmas posibles y enviarlas a Plascencia.

Esta iniciativa nació  de discusiones en Twitter entre Miguel Carbonell,  integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Fernando Fernández, miembro de la Asociación Participando por México, AC, José Manuel Azpiroz, Jorge González, Raúl Rivera Castillo, Camilo Saavedra, Geraldina González de la Vega, y otros “twiteros” mas que forman el grupo base de 20 personas con los que se echa a andar la Iniciativa Ciudadana por el Derecho a Decidir. Su motivación se encuentra perfectamente expresada en su su Blog:

Porque independientemente de nuestras ideas partidistas, religiosas o académicas pensamos que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, demandemos a la CNDH que interponga una Acción de Inconstitucionalidad.

Se espera que el nuevo Presidente de la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos  podría ejercer la facultad que le otorga la legislación actual, en que estas reformas contrarían  la constitución de México. Es en estos casos de contradicción entre normas locales y generales donde la acción de Inconstitucionalidad encuentra cabida.

Pregunté a Luis Fernando Fernández, miembro del grupo promotor de la iniciativa Derecho a Decidir MX,  ¿qué otros pasos podría tomar la sociedad mexicana para proteger el derecho a decidir, si la apelación al Ombudsman no surtiera efecto?

El objetivo final es que la decisión llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sea ahí donde se decida el caso, como ha sucedido en todos los países en los que se ha discutido este tema. La idea es que se defina un piso común a nivel nacional sobre el que se puedan discutir estas reformas  locales, es decir, que sea la Suprema Corte quien defina cuando comienza la vida y que lograra la despenalización total del aborto, o al menos, [cuando se lleva a cabo] antes de las primeras doce semanas.

Esta contradicción entre normas nos enfrenta de cara a dos situaciones: Primero, el desconocimiento casi general de las leyes por los mismos legisladores, que desacatan la regla básica y primaria de que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Segundo, que los Derechos de la Mujer en este país van en retroceso en lugar de ir ganando terreno y las conciencias de aquellos (legisladores y gobernantes) que deben velar por ellos.

Comparando las reformas en México con la ley del IVE aprobada por el Congreso Español, vemos como en México caminamos entre tinieblas, legislando más que con la razón y el derecho en las manos, con perjuicios, machismo y “objeciones de conciencia” . Peor aún, aunque estas mismas leyes conceden excepciones en caso de violación o peligro de salud para la mujer, existe una ruptura de facto entre el verso de la ley y su aplicación, ya sea por inexistencia de una ley reglamentaria que indique cuál es el procedimiento a seguir en estos casos de excepción, o porque las autoridades locales desconocen o ignoran cómo aplicar la ley. Incluso hay quienes utilizando su propio “feudo político”, decide descaradamente no acatar una orden judicial ni cumplir con la ley, como lo hicieron las autoridades de Salud de Baja California, en el tristemente famoso caso Paulina.
Para quienes no estén familiarizados, se trata de una niña de 13 años de edad que en julio de 1999, es violada por un drogadicto que entra a robar a su casa. Pese a seguir el procedimiento de denuncia ante el Ministerio Público y éste último haber girado por escrito la autorización para que el Hospital General de la ciudad de Mexicali le practicase el aborto, Paulina y su madre son obligadas con distintos métodos coercitivos y de extorsión psicológica a desistir de su decisión de interrumpir el embarazo.
En marzo de 2000, la niña de 14 años contra su voluntad y sus sueños de infancia se convierte en madre.

El caso llamó la atención nacional de intelectuales y defensores de los derechos humanos, específicamente de un grupo denominado GIRA (Grupo de Información de Reproducción Elegida, AC), quien además de interponer la demanda por la violación de los derechos de Paulina, elaboró un excelente documento titulado “Paulina en el Nombre de la Ley” cuya consulta resulta esencial.

El 31 de marzo de 2000 comenta María Teresa Priego de Milenio en “Se llama Paulina y ya había elegido”:

[…] Paulina fue acosada y privada de la protección que le otorgaba la ley, en nombre del “derecho a la vida”.[…] La palabra Vida, trasladada al contexto de este discurso {católico} deviene sinónimo de “vida desde la concepción”. […]  Al pretender apoderarse de la palabra Vida como si fuera su latifundio, la jerarquía católica y sus fieles (que no representan  por supuesto a todos los fieles de la religión católica) intenta expropiar en términos simbólicos el territorio de “lo justo” y “lo legitimo”… [donde] quienes  no estén por la vida desde la concepción son promotores de la cultura de la muerte.

Por su parte Denise Dresser, en su artículo “Paulina y el PAN: mujer manipulada, partido manipulador”, del 23 de abril de 2003, en la Revista Proceso, explica la triste realidad de ese entonces. Sus nítidas observaciones Dresser no han perdido vigencia con el paso de los años:

En México, se intenta desacreditar el tema de la legalización del aborto argumentando que pertenece al coto feminista, al mundo de las mujeres gritonas y guerrilleras. Pero no se necesita ser feminista para creer en los derechos de la mujer: derechos universales, humanos, esenciales […] Actualmente, los candidatos presidenciales se disputan el voto femenino, en particular el voto de las mujeres pobres, que representan el 33% del padrón….[…] Se acepta que los hombres legislen sobre lo que ocurre en el útero de las mujeres. El liberalismo panista tiene una enorme laguna, se aplica con excepcionalidad, favorece la libertad individual de los hombres pero no de las mujeres. El liberalismo panista condena la violencia en las calles pero hace poco por condenar la violencia en las camas. Si los hombres panistas se embarazaran, el aborto sería, indudablemente, un sagrado sacramento.

Quienes residíamos en Baja California por esas fechas tenemos muy presente la mojigatez del gobierno y sus representantes, así como la brutal ineficiencia con la que trataron el caso, durante y después del embarazo de Paulina. Se cometieron abusos, de los que nadie tuvo que dar cuentas a las autoridades, porque fueron justamente las autoridades quienes faltaron a su deber y a las leyes y de paso arrebataron a una niña de 13 años sus derechos. En la práctica, la forzaron a continuar un embarazo  y tardaron seis años en resarcir económicamente los daños, después de una dura batalla legal que concluyó con la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). A ella recurrió Paulina buscando la protección de su hijo. En negociación con sus representantes legales en Washington DC, el gobierno de Baja California finalmente aceptó: 1.Entregar una cantidad única para que Paulina pudiera iniciar un negocio que asegurara su manutención y la de su hijo, 2.Cubrir un seguro médico para madre e hijo, hasta que el niño cumpliese la mayoría de edad, 3.Dar una beca educativa que deberá cubrir hasta los estudios profesionales. Asimismo el gobierno estatal se comprometió a impulsar leyes para que otros casos similares no vuelvan a registrarse.

Este último compromiso suena muy contradictorio e hipócrita cuando se lee la Reforma al artículo 7 de la Constitución  de Baja California aprobada por el  Congreso local el 23 de octubre de 2008:

[…]  de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o inducida.

Reformas como estas se están convirtiendo en el “savoir faire” favorito de los legisladores en México. La buena noticia es que iniciativas ciudadanas como Derecho a Decidir MX, y  organizaciones como Observatorio de Violencia hacia la Mujer y Equidad de Género, GIRE y muchas otras expresiones de individuos más informados, educados y comprometidos, proyectan una futura sociedad mexicana que toma responsabilidad en la construcción de un país verdaderamente democrático, donde los votantes finalmente tengan la voz cantante, donde intercambien sus ideas y sepan debatir y defender sus ideas sin violentar los derechos del otro. Un cambio sin duda legitimo, de fondo y anti-demagógico que ha sido el reclamo de los mexicanos por décadas y que finalmente estamos viendo nacer gracias a nuevos medios más sociales, humanos y a un nuevo mexicano que ya no quiere vivir en “el país del no pasa nada”.

Finalmente, un dato proporcionado en la revista  “International Family Planning Perspectives”, 2008, 34(4):158–168. (Vía @MiguelCarbonell):

En México cada año se producen 875,000 abortos, los cuales afectan a 33 de cada mil mujeres entre los 15 y 44 años.

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Quiero agradecer su incansable colaboración y gran apoyo para realizar esta nota a mis amigos twitteros: @luisffernandez (Luis Fernando Fernández), @roblesmaloof (Jesús Robles), @jmazpiroz (José Manuel Azpiroz), @marivines y finalmente al Dr. Miguel Carbonell.