Castigos exagerados por uso de drogas

La cárcel debería ser el último recurso en el caso de las adicciones

Un nuevo estudio revela que el encarcelamiento masivo por delitos no violentos relacionados a drogas de bajo impacto, sigue aumentando en el continente americano. Esto ocurre a pesar de discursos de apoyo a políticas sociales de prevención, promesas de aumentar tratamientos y leyes más flexibles sobre el uso de drogas como la marihuana.

Más castigos

“Existe una diferencia entre el discurso y la realidad”, dice el investigador Sergio Chaparro, coautor del estudio ‘Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina’, presentado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), una organización con oficinas y representantes en varios países del continente y cuyo objetivo es analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas. “Varios países hablan de un mayor énfasis en el aspecto social, como tratamientos para las adicciones, pero esto no se refleja en la práctica policial”.
Según el estudio, que incluye 10 países, en todos las naciones latinoamericanas estudiadas, con excepción de Bolivia, la población encarcelada por drogas aumentó en los últimos 15 años entre 8 y 33 veces más rápido que la población carcelaria general.

En México, en 2012 62% de las personas en cárceles federales lo estaban por delitos de drogas. De éstas, 58.7% fueron sentenciadas por un delito relacionado a marijuana y, de éstos, 38.5% por el delito de posesión. 10.2% de la población en las cárceles federales, 1,509 internos, estaba sentenciada solamente por conductas relacionadas con “consumir” o “traer consigo” marijuana.
“En México, gracias a un fallo de la Suprema Corte de 2016, el consumo está despenalizado y se permite portar drogas para consumo personal”, explica Chaparro desde su oficina en Ciudad de México. “Muchos están injustamente en la cárcel, en parte por la falta de criterios judiciales claros”.

Medidas policiales excesivas

Los autores del estudio ven un uso excesivo de medidas policiales en respuesta al consumo de drogas, y destacan que el encarcelamiento masivo afecta a familias y a la sociedad, mientras que el consumo de drogas no disminuye.
En 2012 en Argentina 80.5% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas era el principal sustento en su hogar. En Colombia, entre 2010 y 2014, 93% de las mujeres encarceladas por drogas tenían hijos; 52.8% eran madres solteras. En todos los países estudiados, el encarcelamiento de estas mujeres puede tener consecuencias devastadoras para sus hijos y familias, pues se crea un círculo vicioso de pobreza que empuja a las personas al consumo o tráfico de drogas.
“El sistema penitenciario es una industria muy poderosa y hay muchos intereses que afectan las decisiones de los gobiernos”, asegura Chaparro. Esto se observa más claramente en Estados Unidos, donde las cárceles privadas cobran al estado por cama y por día, al igual que un hotel. Naturalmente, esta industria quiere ver más gente en las cárceles y entonces aboga permanentemente por leyes más estrictas y más políticas represivas.

Cárcel como último recurso

El estudio sugiere que la cárcel debería ser el último recurso en el caso de las adicciones.

“Hay que buscar alternativas al encarcelamiento por delitos menores”, explica Chaparro. “Hay que corregir las causas por las que la gente se dedica al tráfico y consumo de drogas”.

El investigador concluyó pidiendo mayor participación de la ciudadanía para solucionar el grave problema social del encarcelamiento masivo, que en Estados Unidos afecta directamente a comunidades negras y latinas.

“Con los recursos que se invierten en el encarcelamiento masivo se pueden implementar programas más eficientes”.