Los problemas del nuevo jefe de Derechos Civiles

Luis Ramírez

José Osvaldo Sucuzhañay

Marcelo Lucero

Tom Pérez, un dominicano progresista y de larga trayectoria de defensa de los derechos civiles y participación cívica en su estado de Maryland y todo el país, está desde hace un par de semanas a cargo del Departamento de Derechos Civiles del Ministerio de Justicia estadounidense. Desde allí, en Washington, controla a un equipo de 750 personas, entre abogados, investigadores, personal auxiliar y gerencial, que en los últimos ocho años fue desdeñado por la administración Bush, que mantuvo el mismo equipo que tenía hace ocho años y acorde con su filosofía de eliminar la supervisión federal de corporaciones o estados en esta materia, redujo el alcance de su gestión.

“Nuestra principal función”, repite Pérez en una reunión con la junta de editores de La Opinión, “es restaurar la confianza”. Entre el personal de carrera y los nombrados políticos, una dueta en donde, nuevamente, el gobierno anterior creó división y suspicacia, y entre su oficina e “interesados externos que son de mayor importancia”.

Los delitos de odio están subiendo, dice Pérez, y menciona diversos porcentajes: 15%, 40%, 50%, ninguno de los cuales se puede verificar como el auténtico, reconoce, porque el problema hasta ahora era que este tipo de crímenes no se denunciaba.

El funcionario llega a Los Angeles para participar en una conferencia el mismo día en que alguien embosca de madrugada a los judíos que iban a la oración matutina en una sinagoga sefardita de Los Angeles. “Ya me mandaron decenas de emails sobre eso”, dice.

Tom Pérez

Menciona su agenda, y como detalla Pilar Marrero en su artículo del viernes 30, es ambiciosa. Que la discriminación contra minorías en el mercado de alquiler de casas; que el cumplimiento de la sección 2 en los reglamentos del censo federal de población que se hará el año próximo y que quiere asegurar amplia participación; que el acceso a las urnas electorales para quienes no hablan el inglés.

Precedido por un nombramiento que para el Senado resultó controversial, el de Thomas Saenz, fue confirmado por 77 de los 100 miembros. Sólo 22 votaron en contra, pese a sus credenciales liberales.

¿Se abre un rayo de esperanza para los más oprimidos, para los de abajo, los discriminados? ¿Se propone contrarrestar la ola de delitos de odio contra minorías, eufemismo para no decir crímenes racistas, nazis, fascistas, en este país?

Quizás. Su pasado lo reafirma.

Pero las limitaciones preestableccidas en las funciones de su dependencia lo dificultan y ponen en duda.

Le menciono los asesinatos a golpes y puñaladas del ecuatoriano Marcelo Lucero en el condado de Suffolk, Nueva York, de Luis Ramírez en Shenandoah, Pennsylvania; del otro ecuatoriano, José Osvaldo Sucuzhañay, también en Nueva York. Los tres tienen en común, le digo, haber sido víctimas de asesinos racistas.

¿Cuáles son los linderos de la responsabilidad en estos casos? Al mismo tiempo, un personaje de la televisión, Lou Dobbs, arenga contra los latinos. Clama que traen la lepra y la gripe porcina a Estados Unidos. Los critica y demoniza todos los días y durante horas y llega a millones.

Las palabras pueden matar, agrego. ¿No hay aquí complicidad en la violación de los derechos civiles de las víctimas?

Pérez muestra comprensión, pero no. Se nota que personalmente piensa igual. Pero “los temas bajo investigación del departamento se ciñen al ejercicio de la violencia o la amenaza de ejercer la violencia” de manera individual, aclara. Aunque hubo avances en ese sentido y hoy pueden demandar a aquellos que amenacen, incluso por la internet, e incluso si no se comprueban los motivos.

De la misma manera, insisto e inquiero sobre cuáles son los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados. Cruzando la frontera del país ilegalmente, cometen una violación administrativa y no criminal. Sin embargo, especialmente a partir del Operativo Spotlight por parte de las autoridades migratorias, mientras que antes eran regresados de inmediato a sus países, o al otro lado de la frontera, pueden ser encarcelados hasta 180 días, como si fuesen criminales. ¿No se violan esos derechos, si es que existen?

A Pérez no le parece; explica que el Congreso decretó que esas detenciones son legales. No hay nada que investigar, ni que criticar. Mala suerte.

Pérez comienza, y con grandes expectativas. En breve se le podría aumentar su asignación presupuestaria de manera tal que su personal crezca en 102 personas, una enormidad, cuenta. “Tengo una agenda ambiciosa porque hay muchas violaciones a los derechos civiles, pero el alcance de la agenda depende del presupuesto”.

Obama y el fiscal general Holder, aclara, dijeron que este departamento es “la conciencia del país, su brújula moral”.

Obviamente, Pérez necesitará mucha ayuda.